LAWFARE OR POLITICAL
JUSTICE. MORE THAN THE POLITICIZATION OF JUSTICE AND JUDICIALIZATION OF
POLITICS
AUTOR:
ROMULO GUSTAVO RUIZ DE CASTILLA
cronicasglobales.blogspot.com
email:
gusruizd@gmail.com
Se puede reproducir citando autor y fuente
ABSTRACT
La
multiplicidad de causas y consecuencias sociales a causa de la intervención ideológica
y política en la administración de justicia, puede que sea menos ininteligible
y confusa, como volver o retornar a los principios iniciales de separación de
poderes, difícil pero obligatoria tarea que corresponde promover a la
democracia inteligente.
RESUMEN
The multiplicity of social causes and
consequences due to ideological and political intervention in the
administration of justice may be less unintelligible and confusing, such as
returning to or returning to the initial principles of separation of powers, a
difficult but obligatory task that should be promoted by intelligent democracy.
CONTENIDO
- Marco teórico
- Politización y
judicialización
- Democracia inteligente y justicia política
- Conclusiones
- Referencias bibliográficas
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MARCO TEORICO.
Procedente del idioma inglés, desde inicios del siglo XXI, se ha difundido
el término lawfare, relacionado con
la injerencia política en las decisiones jurisdiccionales o la guerra jurídica.
La palabra como tal, según Latorre, citando a Ramires y Frias, habría sido
desarrollada por el militar estadounidense, Charles Dunlap, en 2001, a partir
de las palabras “law” y “warfare”, en la definición de la estrategia de usar o
no usar el Derecho en el plano político como un sustituto de los medios militares
tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico.
Según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, designa las acciones
judiciales organizadas o emprendidas como parte de una campaña en contra de un
grupo o país. Se trata de un neologismo, que según Hakansson, manifiesta un
estado o situación de persecución o guerra política e ideológica, por el cual
se ataca sistemáticamente a los opositores políticos mediante el empleo
arbitrario de las instituciones jurídicas, con el objeto de responsabilizarlos
ante la opinión pública de todos los problemas que afectan a la sociedad,
buscando empoderar sus propios intereses, y allanar sus objetivos a corto,
mediano y largo plazo.
Es evidente que lawfare y estado
de derecho o Rule of Law se oponen. Si el estado constitucional de derecho y la igualdad de
trato jurídico para gobernantes y gobernados es un concepto propio de las
democracias; el lawfare es el instrumento
de grupos o gobiernos que se transforman autoritarios y actúan en contra de los
principios del debido proceso, como paso previo para consolidarse en dictaduras
disfrazadas utilizando estrategias y maniobras tales como una supuesta
anticorrupción, severos procesos judiciales y prisiones preventivas, dudosos
procesos electorales, falsa participación ciudadana, entre otras. Se busca desacreditar a los opositores políticos y mediante
la administración de justicia perseguirlos hasta llevarlos a la cárcel si fuese
necesario; en segundo lugar, con el argumento de un país más justo e
igualitario, realizar de inmediato un conjunto de reformas institucionales y
legales en las cuales el grupo de interés está presente pero los opositores
desaparecidos.
POLITIZACIÓN
Y JUDICIALIZACIÓN.
El término judicialización,
así como el de politización, como
señala Contreras, pueden no ser los adecuados para definir los conceptos, puesto
que el primero explica o manifiesta un
asunto que se conduce por una vía distinta a la que es su dirección o
trayectoria adecuada; indica llevar por vía judicial un asunto que podría
conducirse por otra vía, generalmente política o administrativa. La expresión politización, a su vez, implica
orientar, disponer o dar contenido político a acciones, pensamientos y
gestiones que, habitualmente o corrientemente, no lo tienen.
La politización de la justicia, como propone Alvarez, viene a ser la
intervención de los intereses políticos en el nombramiento y confirmación de
jueces y fiscales, así como, su intromisión e injerencia en los procesos
judiciales. Otra situación es la judicialización de la política, que aunque
puede ser paralela a la politización, en muchos casos se produce y se deriva de
la condición anterior, como un proceso por el cual fiscales y jueces con motivaciones
políticas consideran argumentos extra jurídicos al margen de la argumentación
jurídica y el estado de derecho, a través de investigaciones, denuncias y
sentencias que favorecen a unos y hostilizan a otros, atacan y destruyen a los
adversarios e incluso a sus abogados, haciendo uso y abuso de los instrumentos
y procesos judiciales.
Frente a la confusión de términos, Ran Hirschl citado por Contreras,
propone entender el fenómeno mediante tres procesos:
1) La propagación del lenguaje y discurso jurídico y legal hacia la política y a toda la sociedad.
2)
La indebida expansión de la competencia de los tribunales a las políticas
públicas y legislativas, transponiendo establecidos acuerdos, límites y
fronteras.
3) La interesada implicación
jurisdiccional en cuestiones sociales, políticas y económicas tratándolas como temas
constitucionales o actos de vulneración de derechos, revisando prácticamente
cualquier decisión del ejecutivo y legislativo, así como de sus organismos
anexos.
En esta dinámica, en varios países, es frecuente la transformación de
grupos de interés, ideológicos y económicos, que pasan de ser simples conjuntos
de ciudadanos a poderosos grupos capturados y vinculados entre sí por oscuros
tentáculos que judicializan cualquier asunto y lo convierten en abusos y
victimización sociales, que deben defenderse mediante procesos jurisdiccionales.
El sesgo garantista de la justicia y el acceso a una justicia más cercana y efectiva,
contribuyen también a buscar el amparo constitucional o jurisdiccional para
resolver o complicar cualquier simple pretensión. La mediatización de la
justicia según Marín, permite una difusión asegurada en los medios de
información, disfrazada como discurso de defensa del bien común o defensa de
los derechos humanos. Se acrecienta así la influencia sobre jueces, fiscales y
autoridades, a través de largos juicios mediáticos donde se muestran cuadros
con inocentes víctimas, odiados delincuentes y severos acusadores y juzgadores,
en los cuales los tribunales son llevados a intermediar en asuntos políticos o
de complejidad técnica, alejados de su competencia natural, con lo que no se
obtiene sino un quebrantamiento y envilecimiento del orden institucional, una
crisis de institucionalidad donde nadie sabe su lugar, sus funciones o
jerarquía, y el desorden social está más que asegurado.
LAS CAUSAS Y MÁS.
Las manifestaciones de politización de la justicia
y judicialización de la política, al margen de su positivo significado, se
establecen como evidentes fenómenos de actualidad regional y universal. Como
muy bien sugiere Mariscal, se presentan situaciones continuas y reiterativas
que nos hacen deducir que las causas son múltiples, aunque podría establecerse
que proceden de:
i) Una confusa o imprecisa definición de las
atribuciones constitucionales y normativas de cada poder, de cada operador de
justicia y sus respectivos límites.
ii) La propia
formación de fiscales y jueces, que no presentan las debidas garantías de adecuada
formación jurídica, necesaria formación moral y ética, objetividad básica, congruente
experiencia de vida, independencia, imparcialidad y sentido común, que no es sino
la convicción práctica de que la ley y el derecho son instrumentos, para
solucionar y reducir los conflictos, no para generarlos y excederse.
El desarrollo de estos procesos, así como sus grandes contingencias y riesgos,
como adelantábamos, considera un proceso con dos manifestaciones sucesivas y a
veces simultáneas:
a) Una fase de politización de la justicia, con la
ocupación o captura de los organismos jurídicos.
b) Una fase conectada con la anterior, de judicialización
de la política, la cual finalmente se consolida con la persecución de los
adversarios.
Ambas fases podrían ser concurrentes y
podrían comprenderse y reunirse en un fenómeno mayor, que podría incluirse en
la llamada guerra judicial, en
términos del ámbito anglosajón, o como proponemos, en la expresión justicia política, en la significación
o acepción que la justicia, al margen de la independencia de poderes, ha sido subordinada,
sometida y usurpada por intereses ideológicos y políticos a los cuales eventualmente
se suman los económicos y financieros, uno de los peores escenarios para la
democracia actual.
La interferencia de un poder del Estado en otro, viene a ser desde la
perspectiva de varios investigadores, un correspondiente o equivalente de un
golpe de estado contemporáneo, un golpe de estado disfrazado y paulatino, en la
medida que, mediante maquinaciones y artificios legalistas, se violenta y se
quebranta el orden constitucional establecido sobre la independencia de poderes.
El fenómeno de la justicia política en diferentes países
de la región iberoamericana, se origina hacia la primera mitad de la década de
1990, a través de la influencia de los procesos de constitucionalización de
sesgo y tendencia garantistas, mediante el auge de la defensa de los derechos
humanos, la gran presencia de organizaciones no gubernamentales, la interesada
participación de medios de información ideologizados, entre varios otros.
Contreras enmarca este proceso en el neoconstitucionalismo que se desarrolla
desde mediados del siglo XX, un proceso revisionista, que cuestiona el esquema constitucional
entonces vigente, se desmantela la idea que el legislador crea las normas y el
juez quien las aplica, aquella legitimidad de las normas que consistía
en haber sido sancionadas por el Congreso y la supremacía parlamentaria, el
primer poder del Estado; ahora la soberanía es la Constitución y caben las
revisiones y discreciones judiciales. Se imponen así, restricciones al uso del
poder político; el ejecutivo no ejecuta y el legislativo no legisla, sino con la conformidad judicial. La
primacía constitucional ahora protege a las minorías y los derechos humanos
consagrados, asignando el poder de revisión a jueces y fiscales, como
protectores del sistema institucional y constitucional. Este empoderamiento revisionista
coincide con un incremento exponencial de los conflictos sociales, de la
violencia y la delincuencia común, pero más aún deriva en la perversión del
cauce jurídico, técnico y normativo en favor de elementos ideológicos y
supuestamente morales y consecuentemente en el fin del Estado de derecho.
DEMOCRACIA
INTELIGENTE Y JUSTICIA POLÍTICA.
La llamada revolución de los derechos humanos, ha promovido el avance de
atribuciones del poder judicial sobre amplias áreas de la vida social a las
cuales nunca había accedido. En el siglo XX, el poder judicial se caracterizaba
por la tutela de los derechos de propiedad, en la primera mitad del siglo XXI progresivamente
comienza a tutelar todo tipo de derechos como derechos civiles, sociales,
laborales, políticos, ambientales y electorales, incluso intervenir en la
resolución de conflictos entre poderes del estado y cuestionar leyes y
reglamentos sancionados por autoridades electas.
La
justicia política se presenta o manifiesta en forma de acusaciones y delaciones
falsas, detenciones arbitrarias, prisiones preventivas abusivas, sanciones
infundadas o excesivas, dilaciones procesales indebidas o fraudulentas, concertados
ataques mediáticos a las fuerzas de seguridad, condenas por hechos no
corroborados y persecución sin fin de los adversarios de grupo, en la idea
antijurídica e ilegal de demostrar la inocencia y no probar la culpabilidad. El
derecho y la justicia en interesadas manos, se transforma en una ininteligible pesadilla
de terribles consecuencias, no sólo para los que la sufren directamente, sino
también por la inestabilidad e inseguridad jurídica que provocan, a todo el
sistema social. Se manipula la justicia como arma de ciertos actores ideológicos
o políticos para conseguir en forma ilegítima, objetivos que no han podido obtenerse
políticamente, a través del voto popular. Se utilizan mediáticos fake news, para victimizarse y/o
levantar la furia popular, investigaciones fiscales injustificadas, procesos disfrazados,
sanciones excesivas, ilegalización de partidos o invalidación de listas
políticas, entre otras.
La justicia política, como le
denominamos, con las formalidades y consideraciones constitucionales
correspondientes, debe ser entendida y denunciada, en el marco de la clásica separación
de poderes del Estado, aquella propuesta por Montesquieu y venida a menos hoy,
en cuanto entre los poderes corresponden y deben conservarse divisorias,
márgenes y límites, sean tácitos, sobrentendidos o manifiestos, que la
democracia debe defender y hacer respetar a través de principios
constitucionales, leyes y sistemas de control, como también, mediante acuerdos
y tradiciones sociales.
La
salvaguarda del sistema democrático, no debe entregarse o cederse a agentes
sociales paralelos o anexos al ordenamiento constitucional, sino a través de
los organismos instituidos y correspondientes; desde la propia organización
constitucional, utilizando los conductos democráticos establecidos, con el objeto de limitar los excesos
propios y provenientes de intereses ideológicos y financieros, así como de los
discrepantes del sistema y de las cíclicas asonadas violentistas, que intentan
debilitar el orden democrático de acuerdo a sus intereses de grupo.
Es necesario un poder judicial esencialmente técnico, capacitado, imparcial
e independiente de las influencias ideológicas, políticas y económicas. Como
bien dice Ríos Figueroa citado por Contreras, el uso excesivo y abusivo de las acciones constitucionales y los instrumentos
de revisión judicial de la legislación o de los actos administrativos, tales
como el habeas corpus, habeas data, recurso de amparo, acción
de inconstitucionalidad, entre otros, mediante una discrecionalidad de los
jueces laxa y relajada, han promovido el debilitamiento de la administración de
justicia, la mayor inseguridad jurídica y consecuentemente la inestabilidad
democrática en la región y en varios otros países.
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CONCLUSIONES
- El término judicialización, así como el de politización de la justicia,
pueden no ser los adecuados para precisar estos conceptos.
- Podríamos
encontrar dos fases relacionadas, una fase de politización de la justicia y
otra conectada con la anterior, de judicialización de la política.
-La politización y
la judicialización, se configuran concurrentes dentro de un fenómeno incorporado
en un proceso de “justicia política”, en la significación de una justicia al
margen de la independencia de poderes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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