DELAYED PUBLIC WORKS…
AUTOR:
ROMULO GUSTAVO RUIZ DE CASTILLA
cronicasglobales.blogspot.com
email: gusruizd@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0601-8864
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Desde hace mucho se afirma y se difunde, una cierta actitud de tolerancia
y resignación ciudadana, acerca de los retrasos en la ejecución de las obras
públicas y en cómo estas demoras han llegado a ser admitidas como comunes y hasta
habituales en todas partes del mundo. Y es que el Estado, como refería el
economista Milton Friedman, no es buen administrador, en tanto los burócratas, que
son colocados por interés político, invierten y gastan el dinero que no es suyo
en favor de terceros y en consecuencia no buscan el rendimiento económico y la
eficiencia.
Es un clásico popular en pueblos, ciudades y países, desde los más pequeños
hasta los más grandes en recursos, aceptar que existen trámites,
convencionalismos y normativas burocráticas que deben cumplirse y que hacen que
casi
siempre una obra pública demore y cause por ello inconvenientes de todo tipo.
Se entiende, no obstante, que una tardanza más larga de la esperada o acostumbrada y que supera
la condescendencia pública, genere de inmediato la desconfianza y la sospecha
popular de que algo no va bien o no está correcto y que hay o puede haber
un factor ajeno implicado.
En otras palabras, para los ciudadanos, si una obra pública, realizada
con el dinero de los contribuyentes, tiene una demora extendida pero más o
menos esperada, dentro del tiempo promedio de retraso y dilación, es admisible
y casi no causa sospecha, sin embargo, esa misma contingencia o circunstancia a
veces suele ser aprovechada por los políticos para realizar enmiendas o adendas
a los contratos, casi nunca con benéficas intenciones ciudadanas.
Desde el Derecho, una obra pública demorada significa
una irregularidad y una contravención de los plazos establecidos, cuyas
consecuencias legales derivan estrictamente de quién origina el retraso. De la
misma manera, un contrato de obra pública con variaciones o adendas reiteradas,
sean justificadas o no, además de burocracia inútil, es indicio no sólo de
deficiencias en los expedientes técnicos, sino también indicador de actuaciones
financieras en gran proporción lesivas para el Estado y perjudiciales para los que
requieren y necesitan la obra.
En el mito popular se especula en situaciones irregulares y sospechas de
corrupción, porque la consecuencia para la ciudadanía, para aquellos que son
los interesados directos y también los beneficiarios de la obra, significa en
la mayoría de casos, un perjuicio de tiempo, dificultades de todo tipo y una evidente
pérdida económica.
Por eso y otros motivos, se difunde y acrecienta aquella opinión o creencia
popular que, con varias razones y algunas especulaciones, no alejadas de la
verdad, deviene en señalar que cualquier demora de una obra o realización pública,
es un evidente peligro y un indicio de corrupción y que en nuestra personal opinión convenimos
en simplificar con la frase siguiente: obra
pública demorada, corrupción asegurada.
