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4.12.2023

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y LOS REQUISITOS DE LA ACCION EN EL ORDENAMIENTO PROCESAL CIVIL. ALGUNAS REFLEXIONES

THE PROCEDURAL PRESUPPOSITIONS AND THE REQUIREMENTS OF THE ACTION IN THE CIVIL PROCEDURAL ORDER. SOME REFLECTIONS

 

 

 

 

AUTOR: ROMULO GUSTAVO RUIZ DE CASTILLA

cronicasglobales.blogspot.com

email: gusruizd@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0601-8864

 

 

 

Se puede reproducir citando autor y fuente

 

 

ABSTRACT

The procedural presuppositions in the civil procedural system, acquire great significance both for lawyers and magistrates as well as for the litigants, since, for there to be a valid process or legal procedural relationship, it will have to be verified, in a previous stage, the existence of the three postulates or procedural requirements: competition, the procedural capacity of the parties and the requirements of the claim. This means that the Judge cannot examine the conditions of the action if he has not previously confirmed or identified that the process he is examining is valid and there is a concurrence of the procedural presuppositions and subsequently the conditions of the action.

RESUMEN

Los presupuestos procesales en el ordenamiento procesal civil, adquieren gran significación tanto para los abogados y magistrados como para los litigantes, puesto que, para que exista un proceso o relación jurídica procesal válida, se tendrá que verificar, en una etapa previa, la existencia de los tres postulados o presupuestos procesales: la competencia, la capacidad procesal de las partes y los requisitos de la demanda; esto significa que el Juez no puede examinar las condiciones de la acción si previamente no ha confirmado o identificado que el proceso que está examinando es válido y existe la concurrencia de los presupuestos procesales y posteriormente las condiciones de la acción.


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CONTENIDO

 

-Introducción

-Confusa significación de presupuestos procesales

-Se delimita un concepto

-Forma y oportunidad de los presupuestos procesales

-Presupuestos e impedimentos procesales

-Presupuestos procesales y condiciones de la acción

-Conclusiones

-Referencias bibliográficas

 

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INTRODUCCIÓN

Dos palabras o expresiones forman “presupuestos procesales”, la primera, presupuestos, se acerca a definir actos o situaciones iniciales, anteriores o precedentes, antes de tener certeza de algo o delante de hechos, condiciones o proposiciones establecidas o presuntas. La otra locución, procesales, señala o establece ordenación, regulación o desarrollo dentro de la actuación jurisdiccional. Por consiguiente, los mencionados vocablos, en el sentido jurídico, explican requisitos o circunstancias relativas al proceso, es decir, que constituyen acciones, gestiones o supuestos previos o precedentes al proceso que necesariamente han de darse o producirse para establecer una relación jurídica procesal usual, regular y válida. (Castillo Montoya, 2014) (Rivera Morales, 2014) (Díaz Piscoya, 2023) (Universidad Veracruzana, 2013)

La denominación de presupuestos procesales se debe originariamente al jurista alemán Oskar Von Bulow (1837-1907), creador de la denominada Relación Jurídica, quien en La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales de 1868, expresa que, la exposición sobre una relación jurídica debe dar, ante todo, una respuesta a la cuestión relacionada a los requisitos a que se sujeta el nacimiento de aquella. Agrega que se precisa saber entre qué personas puede tener lugar, a qué objeto se refiere y qué hechos o actos son necesarios para realizar esa relación. (Rivera Morales, 2014) (Castillo Montoya, 2014) (Aguirrezabal, 2019)


CONFUSA SIGNIFICACION DE PRESUPUESTOS PROCESALES

En cuanto a su denominación, Von Bulow la propuso para referirse a las prescripciones que deben fijar los requisitos de admisibilidad y las condiciones previas para la tramitación de toda la relación procesal, es decir, las que precisan entre qué personas, sobre qué materia, por medio de qué actos y en qué momento se puede dar un proceso. Además, este autor agrega que un defecto o desviación en cualquiera de las relaciones indicadas perturbaría el surgimiento normal del proceso. En suma, en estos principios están contenidos los elementos constitutivos de la relación jurídica procesal. (Castillo Montoya, 2014) (Rivera Morales, 2014)

Varios autores alemanes admiten la existencia de los Presupuestos Procesales, aunque con algunos justificables reparos. Así, Adolf Schonke después de recordar la noción de Bulow, los considera requisitos o supuestos previos para el nacimiento de la relación jurídica procesal, y que faltando esos elementos el proceso constituiría un hecho aparente, afirma que tal concepción ha sido reconocida como inexacta, toda vez que si los mismos no existen, el proceso igualmente tiene vida, aunque sí admite y destaca que lo son, no para constituir una relación jurídica procesal válida, sino para que pueda dictarse una sentencia sobre el fondo. Por último, agrega que propone por ello sustituir la designación de Presupuestos Procesales por otra, como por ejemplo “presupuestos procesales de la demanda”, “presupuestos para que se constituya el pleito”, o “presupuestos para una sentencia sobre el fondo”, aunque es conveniente mantener la expresión de presupuestos procesales, no solamente por ser generalizada y difundida, sino porque las varias denominaciones pueden ser también imprecisas y conducentes a errores de interpretación. (Castillo Montoya, 2014) (Sagástegui Urteaga, 1993)

Otro destacado procesalista alemán como Kisch, citado por Castillo Montoya, también observa la denominación de presupuestos procesales, la cual, según su razonamiento, se la emplea sin razón positiva, pues si el magistrado o el tribunal debe examinar que los requisitos se han cumplido y ese examen forma parte del proceso, mal pueden ellos mismos ser presupuestos de éste. Rosenberg se pronuncia afirmativamente acerca de la existencia de los llamados presupuestos procesales, haciendo una distinción entre éstos y los que califica de impedimentos de esa índole, así como también respecto de la forma y oportunidad de su declaración judicial. Se deduce, interpretando su pensamiento, la dualidad existente entre requisitos de admisibilidad que serían los verdaderos presupuestos procesales y los que se refieren a la fundabilidad, vinculados al mérito de la causa. (Castillo Montoya, 2014)

Entre los procesalistas italianos, también se han formulado observaciones respecto de la denominación que nos ocupa, proponiéndose, entre otras, las de “presupuestos del conocimiento del mérito”, “extremos exigidos para decidir el fondo de la cuestión”, o ”condiciones para la sentencia”, no obstante se mantiene la expresión empleada por Bulow y también por el reconocido jurista Giuseppe Chiovenda (1872-1937), que los definió como las condiciones para que se consiga un pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la demanda. (Castillo Montoya, 2014) (Rivera Morales, 2014)

Von Bulow consideró que los Presupuestos Procesales, son condiciones para que se consiga un pronunciamiento cualquiera sobre la demanda, sea éste favorable o desfavorable. De esta afirmación, Alzamora Valdez infiere que, si no se cumple cualquiera de los Presupuestos Procesales, no existe relación jurídica procesal. Sin embargo, Monroy Gálvez indica también que la falta o defecto de un Presupuesto Procesal no significa que no hay actividad procesal, sino que la ejecución de ésta se encuentra viciada. Esto es tan cierto que sólo se detecta la falta o defecto de un Presupuesto Procesal al interior de un proceso, es decir, durante su desarrollo. Por ello según Monroy, conviene precisar que si bien un proceso este viciado, si se inicia con ausencia o defecto de un presupuesto procesal, puede presentarse el caso que se inicia válidamente, sin embargo, bastará que en cualquier momento desaparezca o termine un presupuesto procesal para que la relación jurídica procesal que empezó bien, se torne viciada en adelante. (Rivera Morales, 2014) (Monroy Gálvez, 2013)


SE DELIMITA UN CONCEPTO

Alzamora Valdez manifestaba que para que pueda nacer la obligación del juez de proceder sobre las demandas, se requieren los presupuestos procesales. Chiovenda define a los presupuestos procesales como las condiciones necesarias para conseguir una sentencia cualquiera, sea favorable o desfavorable a una parte, o como condiciones necesarias para que la relación jurídica procesal o el proceso civil, se desarrolle o se constituya normalmente, es decir, con validez y eficacia. (Castillo Montoya, 2014)

Para Monroy Gálvez, los presupuestos procesales son los requisitos esenciales para la existencia de una relación jurídica procesal legítima, es decir los presupuestos procesales son requisitos necesarios, exigidos por ley para que pueda ser válido un proceso. Son condiciones, situaciones o exigencias que deben concurrir a fin que el juez pueda tener un pronunciamiento favorable o desfavorable sobre la demanda y pueda emitir sentencia sobre el fondo del asunto. Los presupuestos procesales son requisitos y formalidades que deben ser observados antes de que surja la relación procesal. (Machicado, 2010 ) (Monroy Gálvez, 2013)

Para Gozaíni, se denominan presupuestos procesales a los requerimientos que deben presentar los sujetos para actuar en el proceso (legitimación procesal), y a los que precisan encontrarse en el objeto y en la causa de reivindicar (pretensión) para establecer un proceso válido y regular. Según la normativa peruana, se entiende que los tres presupuestos procesales, eventualmente denominados de forma, son: i.-competencia ii.-capacidad procesal y iii.-requisitos de la demanda; mientras los presupuestos de fondo, referidos a la acción indican el interés y legitimidad para obrar, así como el sustento legal de la demanda. (Casación 1788-96 Lima, El Peruano 8-06-1998 p. 1266). (Jurista Editores, 2014) (Rivera Morales, 2014)  (Castillo Montoya, 2014) (Monroy Gálvez, 2013) (Gozaíni, 2018)


FORMA Y OPORTUNIDAD DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

Si atendemos a las excepciones enumeradas en el Art. 446 del Código procesal civil peruano (CPCP), dentro de las cuales encontramos, por ejemplo incompetencia, incapacidad del demandante, de su representante o ambiguedad en su presentación, entonces se impone considerar ahora si la legislación procesal admite la certeza de los denominados presupuestos procesales y si el juez está legalmente autorizado para declararlos de oficio; o si por el contrario, ellos constituyen excepciones dilatorias y, como tales, sólo pueden ser establecidas por las partes. (Rivera Morales, 2014) (Castillo Montoya, 2014)

Doctrinariamente, el examen de los presupuestos procesales, como que se ligan íntimamente a la constitución regular de la relación jurídica procesal, debe verificarse en una etapa inicial o postulatoria. Según lo enseña Calamandrei, en todo proceso se contiene una fase preliminar a veces formalmente separada del conocimiento sobre el mérito, en la que el objeto de la indagación del magistrado o juez no es la acción, sino que es el proceso, un verdadero y propio proceso. Víctor Fairén Guillén, mencionado por Montoya, postula también para la legislación española, la fijación de una audiencia preliminar, en la que el juez, de oficio, entre otras cuestiones y razones, resolverá respecto de la concurrencia de los presupuestos procesales. (Castillo Montoya, 2014)

Para una debida calificación de la demanda, dice Ticona Postigo, es necesario conocer previamente algunas categorías procesales como:

a.-Los tres filtros, o barreras principales para comprobar la existencia, constitución y desarrollo válido de la relación procesal: la calificación de la demanda, la resolución de las excepciones y el saneamiento del proceso;

b. Los exámenes y juicios que deben emitirse sobre la demanda y sobre la pretensión: admisibilidad, procedencia y fundabilidad;

c. Los tres presupuestos procesales; y,

d. Las dos condiciones de la acción.

El autor citado agrega que los tres filtros aludidos poseen tres actividades necesarias, la primera es que el proceso se constituya y desarrolle válidamente, así como verificar que no haya falta manifiesta de las dos condiciones de la acción, para que el juez al expedir sentencia. La segunda, en caso el juez constate un defecto u omisión subsanable, es que ordene inmediatamente que sea subsanado por el litigante a quien corresponda tal actividad. La tercera actividad en cuanto el magistrado verifica la existencia de un defecto u omisión de carácter insubsanable, es declarar la nulidad de todo lo actuado y dar por concluido el proceso o, si fuese así el caso, declarar improcedente la demanda. (Rivera Morales, 2014) (Castillo Montoya, 2014)

De todo lo expresado anteriormente concluimos que el juez podrá declarar de oficio la inexistencia de los presupuestos procesales, de acuerdo con la doctrina más autorizada por el CPCP, pero si así no lo hiciera, surge la oposición del demandado, de manera tal que nos encontramos ante las denominadas excepciones dilatorias. (Castillo Montoya, 2014)


PRESUPUESTOS E IMPEDIMENTOS PROCESALES

La doctrina alemana designa con el nombre de impedimentos procesales a aquellas circunstancias que obstan a la marcha del proceso, diferenciándolos de los presupuestos procesales en cuanto a la forma o modo de su declaración: si se efectúa de oficio, nos encontramos en presencia de los denominados presupuestos procesales; si es a petición de parte, estamos frente a las excepciones. (Castillo Montoya, 2014)

Al respecto, Ticona Postigo indica que los impedimentos procesales solamente son examinados a instancia de parte, por el juzgador. Para este autor, en nuestro Código, tienen la calidad de tales: el convenio arbitral (es renunciable expresa o tácitamente: Ley General de Arbitraje, Art. 12), la prescripción extintiva (el Juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si ésta no ha sido invocada por la parte, según el Art. 1992 del Código Civil peruano). Agrega que la competencia, según sea el caso concreto, debe ser considerada en dos niveles: como presupuesto procesal y como impedimento procesal. Explica que los presupuestos procesales son los requisitos mínimos que deben concurrir para que la relación procesal se halle instaurada válidamente y, por tal razón deben ser verificados o verificables de oficio y con mayor razón, a instancia de parte), mientras que el impedimento procesal es oponible a instancia de la parte interesada o del tercer legitimado (parte demandada o reconvenida) y, si la parte no la propone, el proceso debe continuar su íter natural. En este sentido, será impedimento procesal la incompetencia relativa. (Castillo Montoya, 2014)


PRESUPUESTOS PROCESALES Y CONDICIONES DE LA ACCION

La acción es el efectivo derecho de comparecer ante los órganos jurisdiccionales, de todo sujeto de derecho, en busca del reconocimiento de una pretensión. La acción es el poder o la facultad de reivindicar la intervención de la justicia o tutela jurisdiccional efectiva frente a la transgresión o vulneración de un derecho en particular. La pretensión es la consumación, materialización o ejecución de esa capacidad o potestad. La demanda es el instrumento material procedimental positivo, escrito o efectivo que establece o fija el poder abstracto (la acción) y el derecho concreto (la pretensión). La demanda vendría a ser la presentación escrita o expresa de esos dos elementos ante el órgano jurisdiccional, dentro de un proceso judicial. (Illanes, 2010)

La acción se define, según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia peruano, como, el derecho de las personas a exigir de los órganos jurisdiccionales, mediante el proceso, la resolución de una controversia o de una petición, independientemente de que obtengan o no sentencia favorable. La acción pone en movimiento a la jurisdicción y una de las formas de su extinción es la sentencia que finaliza definitivamente el proceso. Con el ejercicio del derecho de acción se crea en el Estado, por intermedio del órgano jurisdiccional competente, la obligación de prestar la función jurisdiccional. (Sala Const. Perú 29-6-01, exp. 00-2350, dec. 1167). (Rivera Morales, 2014)

La acción es un derecho constitucional que tiene toda persona a acceder a la jurisdicción y a la justicia, es la facultad de obtener y alcanzar en plazo razonable una solución o decisión conforme a derecho frente a una controversia o lesión y que este pronunciamiento sea efectivo y eficaz. La acción es una circunstancia absoluta y general puesto que todos tienen o poseen esa misma posibilidad, con derecho lesionado o no, independientemente del interés y de la legitimidad. Es evidente que su carácter procesal deviene de su misma finalidad que es la protección jurisdiccional. (Rivera Morales, 2014) (Castillo Montoya, 2014)

La acción tiene por objeto que se realice un proceso. La acción no se dirige a que se produzca un determinado pronunciamiento, sino manifiestamente que se pronuncie una sentencia. En ese sentido la acción puede considerarse como solicitud o petición de juicio y también reivindicación del derecho. El derecho a la jurisdicción como el derecho de acción, son derechos constitucionalizados, de manera que las normas procesales se organizan como un sistema de garantías que posibilitan la realización de la tutela jurisdiccional efectiva a través de un enjuiciamiento justo. (Rivera Morales, 2014)

Así como los presupuestos procesales son los elementos básicos para la existencia de una relación jurídica procesal válida, hay otros elementos trascendentes para el decurso normal del proceso, que son las denominadas condiciones de la acción. (Castillo Montoya, 2014)

Es necesario precisar que, mientras que la existencia de los presupuestos procesales permite que la relación jurídica se inicie y se desarrolle válidamente; las condiciones de la acción son los requisitos procesales mínimos y necesarios que permiten al juez resolver un pronunciamiento válido sobre el fondo del litigio o transgresión. Si una condición de la acción fuera omitida o se estableciera de manera imperfecta, el juez no podrá formular sentencia refiriéndose a la pretensión discutida, por lo menos válidamente, debido a que existe un defecto procesal que lo impide. Taramona Hernández explica que no hay que confundir estas condiciones procesales, en referencia a los presupuestos procesales, necesarias para la existencia del proceso, con las condiciones procesales para obtener una sentencia la cual puede ser favorable o desfavorable. (Castillo Montoya, 2014)

Según Díaz, se puede distinguir distinciones en los presupuestos procesales:

a.-Presupuestos procesales de forma

Son aquellos requisitos para constituir o establecer una relación procesal válida. Estos son: i. Competencia del Juez, la intervención del Juez incompetente daría lugar a una relación jurídica procesal inválida. Se establece por razón de cuantía, territorio, materia, grado y turno ii. Capacidad procesal de las partes, denominada también legitimatio ad processum, se concibe como la facultad o capacidad para ejecutar actos procesales válidos por parte de los elementos activos de la relación jurídica procesal. iii. Observancia de los requisitos de la demanda, es decir el cumplimiento preciso y formal de los requerimientos y exigencias que señala la norma procesal. (Díaz Piscoya, 2023) (Monroy Gálvez, 2013)

b.-Presupuestos procesales de fondo o condiciones de la acción

Son los requisitos fundamentales y necesarios acerca de los fundamentos jurídicos para que una pretensión procesal sea motivo y razón de pronunciamiento válido por el Juez. Frente a la ausencia de un presupuesto procesal de fondo, el Juez tiene el deber de inhibirse o de pronunciarse sobre el fondo del asunto, pronunciando, así, una sentencia inhibitoria. Estos presupuestos son: i.-Interés para obrar, es decir, identificar cuando el demandante precisa o necesita una declaración judicial para evitar un daño jurídico. ii.-Legitimidad para obrar, legitimatio ad causem, aquella condición jurídica de una persona con relación al derecho que solicita en proceso, en razón de su titularidad, su proximidad con el litigio u otras circunstancias que justifiquen su pretensión. iii.-Voluntad de la ley, es decir, la necesidad que la pretensión tenga sustento en un derecho protegido por la ley. (Díaz Piscoya, 2023) (Monroy Gálvez, 2013)

Quien ejercita su Derecho de acción y lo viabiliza a través de su demanda, dice Monroy Gálvez, debe cumplir con un conjunto de requisitos al momento de su interposición. Algunos de estos requisitos son de forma y regularmente consisten en la obligación de acompañar anexos a la demanda o acompañar a ésta de algunas formalidades que la hagan viable y admisible (la firma del abogado, las tasas correspondientes son un ejemplo de ello). Por otro lado, hay algunos requisitos llamados de fondo, porque son intrínsecos, es decir, están ligados a la esencia de la demanda como acto jurídico procesal así, por ejemplo, identificar con precisión la pretensión, precisar la calidad con la que se demanda, plantear debidamente una acumulación, etc. (Castillo Montoya, 2014) (Monroy Gálvez, 2013)

El incumplimiento de los requisitos legales origina el rechazo de la demanda. No obstante, es lógico considerar que tal incumplimiento, en todos los casos, no genera el mismo efecto. Es así que se permite la subsanación de los requisitos de forma (Art. 426 CPCP); en cambio, cuando existe omisión o defecto de un requisito de fondo, se autoriza la declaración motivada de improcedencia y consiguiente conclusión del proceso. Normalmente, manifiesta Ticona, aunque no es absoluto, los requisitos de forma se refieren a la demanda en general, y los requisitos de fondo a la pretensión en particular. Los artículos 424 y 425 del CPCP, regulan los requisitos generales de la demanda para todo tipo de procesos contenciosos y también el Código señala los requisitos para iniciar determinados procesos. (Castillo Montoya, 2014)

Como norma general, el juez inicialmente examina la concurrencia de los presupuestos procesales y posteriormente las condiciones de la acción. Esto significa que el juzgador no puede examinar las condiciones de la acción si previamente no ha constatado que el proceso que está examinando es válido. (Castillo Montoya, 2014)

En el caso normativo peruano, respecto del saneamiento procesal, el CPCP (art. 465) establece que el proceso es correspondiente con la relación jurídica procesal, de manera que el Juez, de oficio, deberá expedir resolución, validando la relación, estableciendo plazo para subsanar o declarando la nulidad. Según Ticona, se trata de una relación jurídica disímil y autónoma de la relación jurídica sustantiva, puesto que la relación jurídica procesal está formada entre las partes y el juzgador, existiendo intereses fundados y justificados que requieren ser solucionados, pero siendo que, el Juez administra justicia a nombre de la nación, la relación procesal tiene carácter público. En resumen, la relación jurídica procesal regulada, conforma y articula al proceso en sí, por lo que es una relación jurídica procesal y ésta a su vez se forma entre las partes y el Juez, teniendo por base los presupuestos procesales y las condiciones de la acción.  (Jurista Editores, 2014) (Rivera Morales, 2014)  (Castillo Montoya, 2014) (Monroy Gálvez, 2013)



CONCLUSIONES

1. Los Presupuestos Procesales, son los requisitos fundamentales para que la relación jurídica procesal se inicie y se desarrolle válida o eficazmente; la falta o defecto de alguno de ellos, no impide de hecho que se desarrolle la actividad procesal, aunque si consigue viciarla durante el desarrollo del proceso.

2. Existen distintas denominaciones doctrinarias para referirse a los requisitos que dan nacimiento al proceso, pero los aceptados por la gran mayoría son tres: la competencia, la capacidad procesal de las partes y los requisitos de la demanda.

3. Los requisitos que reúne la relación jurídica procesal para considerársela válida, han de referirse al proceso en su totalidad y no sólo a los actos procesales singulares que lo integran.

4. El juzgador o magistrado no puede acceder positivamente al examen de mérito o fondo de la causa sin que previamente se verifique la existencia y validez de los presupuestos procesales.

5. El examen de los presupuestos procesales, se verifica en la etapa expositiva o postulatoria; en ella, el juez, de oficio, puede declarar su inexistencia, caso contrario se puede hacer valer las excepciones dilatorias correspondientes.

6. La acción es un derecho constitucional de ejercicio pleno de la libertad, que faculta el acceso a la jurisdicción, a una resolución conforme a derecho, oportuna, razonable y eficaz.

7. Si los presupuestos procesales permiten que la relación jurídica se establezca y se desarrolle válidamente; las condiciones de la acción constituyen los requisitos procesales mínimos necesarios, que posibilitan al juez un pronunciamiento válido sobre el fondo del litigio o controversia.

 


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

 

Aguirrezabal, M. (julio de 2019). Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722019000100183

Castillo Montoya, N. (2014). Presupuestos procesales. Obtenido de Blog procesal civil de Alexander Rioja Bermudez: http://blog.pucp.edu.pe/item/87410/presupuestos-procesales

Díaz Piscoya, P. (2023). www.pj.gob.pe. Obtenido de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1e1e54004555412ebf3abfe08eed4d4c/CSJLA_D_RELACION_PROCESAL_Dr_Pablo_Diaz_30092010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1e1e54004555412ebf3abfe08eed4d4c

Gozaíni, O. A. (agosto de 2018). Recuperado el 12 de marzo de 2023, de https://gozaini.com/wp-content/uploads/2018/08/Elementos-de-DPC-Ediar.pdf

Illanes, F. (2010). jorgemachicado.blogspot.com. Recuperado el 7 de marzo de 2023, de https://jorgemachicado.blogspot.com/2010/03/accpro.html

Jurista Editores. (2014). Código Civil Perú. Lima: Jurista Editores EIRL.

Machicado, J. (2010 ). Apuntes Jurídicos. Obtenido de http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/03/presupuestos.html#sthash.BJkeN2JW.dpuf

Monroy Gálvez, J. (22 de agosto de 2013). http://blog.pucp.edu.pe/. Obtenido de http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2013/08/22/conceptos-elementales-del-proceso/

Rivera Morales, R. (2014). Blog procesal civil de Alexander Rioja Bermudez . Obtenido de Presupuestos procesales y condiciones de la acción en el proceso civil. : http://blog.pucp.edu.pe/item/74172/presupuestos-procesales

Sagástegui Urteaga, P. (1993). Instituciones y Formas de Derecho Procesal Civil. Parte General. Lima: Editorial San Marcos.

Universidad Veracruzana. (febrero de 2013). Obtenido de https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2013/02/PRESUPUESTOS-I_II.pdf

 



 

 

 

 


7.19.2019

EL PROCESO DE DESALOJO JUDICIAL. EL CASO DEL DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO.


THE JUDICIAL EVICTION PROCESS. THE CASE OF EVICTION BY TERMINATION OF CONTRACT.




AUTOR: ROMULO GUSTAVO RUIZ DE CASTILLA
cronicasglobales.blogspot.com
email:gusruizd@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0601-8864



Se puede reproducir citando autor y fuente


ABSTRACT
The eviction process is a judicial action that aims to recover or restore the real right of possession. Means the break of the contractual relationship between the tenant and the landlord, when the tenant does not comply the return of the leased property, according to a lease contract subject to a fixed term, the landlord through a judicial process must demand the possession be restored.

RESUMEN
El proceso de desalojo es una acción judicial que tiene como objeto recuperar o restablecer el derecho real de posesión. Significa el quiebre de la relación contractual entre el arrendatario y el arrendador, al no cumplir el arrendatario la devolución del bien arrendado, según un contrato de arrendamiento sujeto a plazo determinado, en ese caso, el arrendador mediante un proceso debe exigir se le restituya la posesión del bien
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Contenido
Abstract
Resumen
Contenido
I.-Marco teórico
II.-El desalojo en el contexto jurídico y social
-Finalidad del desalojo
-Desalojo en algunos países
III.-El proceso desalojo en el Perú
-Regulación del desalojo
IV.-El desalojo por vencimiento de contrato
-Quienes pueden interponer la demanda
- Juez competente en el proceso
-El desalojo antes del vencimiento del plazo para restituir el bien.
-Notificación de la demanda
-Pago de mejoras
-Ejecución anticipada, lanzamiento antes de que se dicte la sentencia
-Lanzamiento o desahucio
V.- Normativa de desalojo y administración de justicia
VI.-Conclusiones
Referencias bibliográficas

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I.- MARCO TEORICO
Para abordar el estudio del desalojo y en particular el desalojo por vencimiento de contrato, es necesario primero, revisar las nociones básicas de los institutos jurídicos[1], que son fundamentales para la comprensión del proceso en estudio, como son: propiedad, posesión y contrato.

La propiedad en el Derecho Romano, se entendía como la capacidad, que concedía a su titular los beneficios de: usus o ius utendi, ius fruendi o fructus, y ius abutendi o abusus. El usus, era el derecho que el titular tenía de hacer uso de la cosa de acuerdo a su destino o naturaleza, el fructus, era el derecho a percibir los frutos tanto reales (intereses en dinero) o frutos de forma general. El abusus, era la capacidad, disposición o potestad de modificar, vender o destruir el objeto o cosa determinada. La doctrina posterior adicionó la facultad de reivindicación, en la propiedad, o restitución en caso de posesión, porque se entiende que la posesión puede también transferirse y transmitirse. La propiedad, con mucho acierto, se explica en el artículo 923 del código civil peruano CCP, como “el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien”. (Carranza Alvárez & Ternera Barrios, 2010) (derechoromano.es, 2016) (Escobar Córdoba, 2006)

El otro instituto jurídico clásico, es la posesión. El vocablo posesión procede del latín possessio, que significa el acto de poseer ciertas cosas, ya sean materiales o inmateriales. Proviene también del verbo, poseer, por ser un acto referido a disfrutar un bien o usar algo. En la posesión deben estar presentes dos elementos esenciales: a.- La cosa, el corpus o el objeto a poseer y, b.- El animus rem sibi habendi o comportamiento que el poseedor siente de poseer el objeto, la intención de tener una cosa y hacerla suya como de su propiedad. En la posesión se reclama el derecho de poseer que es la restitución del bien, no la reivindicación del bien. (Jarrillo, 2008) (Carranza Alvárez & Ternera Barrios, 2010)


El poseedor del bien, aunque no es el titular del derecho de dominio o propiedad, ejercita de manera autónoma y libre, los poderes clásicos de la propiedad: uso y goce. Así entendida, la posesión es definida por el Código Civil colombiano como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño” (Art. 762 CCCol), casi en los mismos términos se establece en el Código Civil Chileno (Art. 700CCCL), mientras en el Código Civil Peruano, se define como “el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad” (Art. 896 CCP). (Carranza Alvárez & Ternera Barrios, 2010)

La diferencia entre propiedad y posesión, es en realidad, la capacidad teóricamente perpetua de disponer del bien y la facultad de reivindicación. Posesión y propiedad, como dice Carranza, son dos partes de una misma columna o eje, dos caras de una misma moneda. Estas dos instituciones tienen en común, el disfrute de un bien, principalmente económico. No obstante, mientras que la posesión, se sostiene como un derecho real provisional de hecho o de facto, el dominio o propiedad ha merecido la calificación de derecho real permanente. Mientras que la posesión se reconoce como un hecho jurídico, que modifica un derecho subjetivo; la propiedad, se presenta como un derecho real teóricamente perpetuo, provisto de dos elementos reales: el vínculo obligacional y el poder directo sobre el bien. (Carranza Alvárez & Ternera Barrios, 2010) En general, la propiedad se puede entender, como un derecho perpetuo que se traslada a los sucesores del propietario o dueño, mientras que la posesión, es un derecho anterior a la propiedad y positivamente es transitorio o provisional, en cuanto se pierde en presencia de un mejor derecho, o porque eventualmente puede convertirse en propiedad por el paso del tiempo, en tal caso, la posesión podría objetar la titularidad del derecho real. (Carranza Alvárez & Ternera Barrios, 2010) (Jarrillo, 2008)

El poseedor tiene ciertos poderes jurídicos directos sobre un bien corporal sea mueble o inmueble, puede usar o servirse o realizar sobre él, las innovaciones o transformaciones físicas que a bien tenga, y adicionalmente aparte de la usucapión, incluso le permite jurídicamente en varios casos, transferir y transmitir inter vivos y mortis causa. En contraste, el titular del derecho real de propiedad o propietario, tiene permanentemente abierta la acción reivindicatoria, por la cual puede reclamar y exigir el bien que no tiene en su poder. En realidad, antes que la cosa misma, quien reivindica, pretende requerir el ejercicio del derecho real de dominio que se concentra sobre el bien. Así, por ejemplo, el propietario pleno, que ha perdido la posesión, se sirve de la acción reivindicatoria para demandar el ejercicio de los poderes o facultades que le corresponden, en salvaguardia de su derecho de dominio. Con esta acción se propone un contencioso contra el poseedor del bien, requiriendo para su positiva conclusión, la prueba de titularidad del derecho real. (Carranza Alvárez & Ternera Barrios, 2010) (Jarrillo, 2008)

La tercera institución clásica relacionada al desalojo, es el contrato. El contrato, se entiende como un acuerdo o convención de voluntades, verbal o escrito, establecido entre dos o más personas, para realizar, variar o terminar una relación jurídica de carácter patrimonial. Un contrato para existir válidamente, necesita de varios requisitos de eficacia tales como capacidad, consentimiento, objeto y causa. El contrato de alquiler o de arrendamiento, es el acuerdo mediante el cual dos partes, arrendadora y arrendataria, suscriben la cesión del derecho de uso y disfrute de un bien mueble o inmueble, durante un determinado periodo de tiempo, a cambio de una contraprestación o renta por este derecho de uso, durante el tiempo de la relación arrendaticia. (Significados, 2018)

En el Código Civil colombiano, contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas (Artículo 1495 CCCol). (Código Civil Colombia, 2019)

En el Perú el contrato, según el vigente Código Civil de 1984, se establece como, “el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial” (Artículo 1351 CCP).

En el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina de 2014, contrato “es el acto jurídico, mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales” (Artículo 957 CCyCA). (Código Civil y Comercial de la Argentina, 2014)


II.- EL DESALOJO EN EL CONTEXTO JURIDICO
El término desalojo deriva del prefijo negativo des y del verbo activo transitivo alojar que indica habitar, albergar, hospedar. Se trata de una locución que significa, expulsar, sacar, apartar, despojar o hacer salir de un sitio a alguien o algo. En términos jurídicos, es la acción de expulsar o echar a una persona o varias de la posesión de un bien, por orden o disposición judicial. Mediante esa acción se despoja a un individuo o varios, de la tenencia material de un bien inmueble por dictamen de una autoridad jurisdiccional, en cumplimento de una sentencia. (conceptodefinicion, 2019) (Definiciona, 2019)

Finalidad del desalojo
El desalojo, tiene por finalidad reivindicar o reclamar el uso y goce del inmueble, ocupado u habitado por quien no posee título para ello, o su título ha fenecido. (enciclopedia-juridica, 2014) El proceso tiene como objetivo, restituir, devolver, restablecer o recuperar el uso y disfrute de un inmueble, que se encuentra ocupado por quien no posee o carece de título para ello, como es el caso del vencimiento de contrato, la ocupación precaria o la falta de pago. El propósito es posibilitar y asegurar el uso del bien, motivo del proceso, apartándolo de la actuación o actividad de quienes lo ocupan o usan, con asistencia de la fuerza pública si fuese necesario. La titularidad del bien puede concernir no sólo al propietario, sino también al poseedor legal que tenga derecho de uso y goce del inmueble.

El objeto del proceso de desalojo según Hugo Alsina, es el uso de los bienes que son materia del litigio, tomándolos, si fuese preciso, con el auxilio de la fuerza, ante la acción de quienes la detentan. Palacio sostiene que el desalojo, es la acción que se realiza con el propósito de recuperar tanto el uso como el goce de un inmueble, que se encuentra ocupado por quien no cuenta con el respectivo título para ello, siendo considerado como un intruso. (UPLA, 2016)

Existen cuatro tipos de desalojo general: por falta de pago, por ocupación precaria (cuando se ha notificado el vencimiento), aquel que se configura por cláusulas específicas según norma de cada país y, por vencimiento de contrato.

Desalojo en algunos países

En la Argentina, se dispone el desalojo inmediato de locatarios por vencimiento del contrato o falta de pago de alquileres, y en el supuesto que se demostrase que el actor obtuvo esa medida encubriendo hechos o documentos vinculados a la relación locativa o al pago de alquileres, se le impondrá una multa, a favor de la contraparte, más los daños y perjuicios que ocasionare, que quedan garantizados, tanto por la multa, como con una caución (art. 676 CPCCA). La norma dispone que el juez sólo dispondrá la medida cuando de no imponerse la entrega inmediata de la propiedad, pudieren derivarse graves perjuicios para el accionante. La fijación de la caución es atribución del magistrado, de acuerdo con las circunstancias del caso. Tanto la caución, como la multa, tienen la función de resarcir al demandado, por la conducta ilícita del actor que hubiere ocultado documentos o hechos acerca de la relación locativa o el pago de alquileres. Contra la resolución, se permite recurso de apelación, pero nunca con efecto suspensivo, pues la voluntad de la ley, al imponer este sistema, es obtener un desalojo rápido protegiendo la propiedad y salvaguardando la seguridad en los negocios. (Abatti & Rocca, 2018) En el marco de varias reformas tendientes a acelerar los procesos y a garantizar la tutela judicial argentinos, existe una propuesta de desalojo express que disminuiría los tiempos del proceso, actualmente estimados en dos años, para este tipo de causas judiciales, especialmente en aquellos por falta de pago y por vencimiento del plazo, no obstante, no se han producido consensos en el tema. (La voz, 2018)

En Colombia, se configura el desalojo cuando se ha dado por finalizado el contrato de arrendamiento y el arrendatario no tiene la intención de entregar el inmueble al arrendador, o porque el inquilino incumplió con alguna de las obligaciones establecidas en el contrato de arrendamiento, como falta de pago de alquiler mensual o canon de arrendamiento, tributos, servicios públicos, entre otros. Debido a la omisión del arrendatario en el cumplimiento de sus obligaciones, el arrendador se ve precisado a finalizarlo, debiendo acudir a un proceso de restitución del inmueble. El desahucio, viene a ser la participación que una de las partes hace a la otra para informarle que desea dar por terminado el contrato. El desahucio tiene dos funciones, una es la de informar la decisión de no renovar el contrato de arrendamiento y, la otra es la de constituir al arrendatario en mora y consecuentemente restituir la vivienda arrendada. (notaria19bogota, 2019)

En México, según el artículo 2483 del Código Civil Federal (CCFM), el arrendamiento puede terminar entre otras razones: “por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para que la cosa fue arrendada”. (Código Civil Federal de México, 2014) En ese caso puede realizarse un proceso de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento, que considera daños y perjuicios, pago de los gastos y costas judiciales y el correspondiente lanzamiento del arrendatario. (El Financiero, 2019)

En Chile, el contrato de arrendamiento se precisa en el Código Civil como consensual, es decir, que para que el contrato tenga validez jurídica, es necesario el acuerdo de las partes, debemos señalar que este acuerdo puede realizarse en tres formas distintas: por escritura privada o sólo firmada por ambos contratantes, por escritura privada con firmas autorizadas ante notario, y por escritura pública. (misabogados.com, 2018)

El contrato de arriendo en la normativa chilena, termina por los siguientes motivos (misabogados.com, 2018):
a.-Por medio del desahucio de una de las partes, en este caso, tanto arrendador como arrendatario, pueden disponer término anticipado al contrato a través de un desalojo judicial o desahucio, que consiste en la comunicación que le hace el arrendador al arrendatario de que desea terminar el contrato, otorgándole un plazo de dos a seis meses, para que el arrendatario haga abandono del inmueble. (misabogados.com, 2018)
b.-Por sentencia judicial, el contrato de arriendo también puede terminar cuando lo establezca un Tribunal en lo Civil, a través de Sentencia definitiva ejecutoriada. (misabogados.com, 2018)
c.-Por falta de pago o incumplimiento de un mes de arriendo.
d.-El cumplimiento del plazo pactado, si el contrato de arriendo se pactó por un plazo, cumpliéndose dicho término, el contrato habrá terminado, esto es sin perjuicio de la renovación a la que alude el artículo 1956 del Código Civil chileno, si el arrendatario con el consentimiento del arrendador hubiere pagado la renta, de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o si ambas partes hubieren manifestado su intención de proseguir en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de tres meses, sin perjuicio que a la expiración de este tiempo, vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera. (BCN Chile, 2019) (misabogados.com, 2018)

La regulación de la ley de arriendo y el correspondiente desalojo, en Chile, son considerados por algunos especialistas, como excesivos en el tiempo, siendo que el proceso de desalojo, contando los recursos y dilaciones judiciales, puede tomar años.

III.-EL PROCESO DE DESALOJO EN EL PERU
En el tema del desalojo, se invoca la reivindicación, en caso de una propiedad, puesto que la reivindicación es un atributo de la propiedad (La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Art. 923 CCP Código Civil Peruano); y la restitución y recuperación del bien, en caso de una posesión legitimada (La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo. Art. 585 CCP).

En el contexto procesal peruano, se manifiestan:

1.-Presupuestos sustantivos, en cuanto, “el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza” (art. 70 Constitución Perú) y la noción de propiedad, como “el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien” (art. 923 CCP). Este artículo está vinculado a la noción de posesión, el cual se establece como, “el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad” (Artículo 896 CCP).

2.-Presupuestos adjetivos, en cuanto, “la restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo y las precisiones indicadas” (art. 585 y ss. Código Procesal Civil Peruano CPCP).

-Regulación del desalojo

La restitución o devolución de un bien se gestiona en concordancia a lo dispuesto para el proceso sumarísimo, y las precisiones que el propio código establece, se aprecia que es finalidad del proceso, obtener la restitución de un predio (artículo 585 CPCP). La restitución implica la devolución de una cosa a quien la poseía. El término predio, señala una de las clases de bienes inmuebles a que se refiere el art. 885 CCP; y es el definido en el art. 954 del mismo código, como el suelo, subsuelo y sobresuelo, precisando que la propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por bienes especiales. (Pinto Arce, 2011)

Asimismo, se aplican las normas generales del proceso sumarísimo y las especiales del desalojo, en lo que corresponda, cuando se trate de la pretensión de restitución de bienes muebles e inmuebles (art. 596 CPCP). No es un medio de ejecución forzada, aunque la sentencia se ejecute en forma semejante a un proceso de ejecución. No obstante, este proceso supone un período de discernimiento donde el juez atiende a las partes, examina y valora la prueba y finalmente dicta sentencia, la cual, debe ser ejecutada por vía forzosa en defecto de la ejecución voluntaria. (Pinto Arce, 2011)

Según la normativa peruana se desarrollan modalidades de arrendamiento, que también a su vez, configuran procesos de desalojo:

1.- Desalojo rápido de deudores morosos, llamado desalojo express (Ley Perú 30201-2014) que trata de la terminación de contrato con deuda o mora de dos meses, se aplica solo a aquellos contratos de arrendamiento de inmuebles, en los cuales el arrendador haya pactado una cláusula de allanamiento de un futuro proceso de desalojo. Posteriormente, se establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para vivienda (DL Perú 1177-2015) con una ficha única o formato de arrendamiento legalizado, con beneficios al arrendador, exclusivo para vivienda, tales como exoneración de tributos y acceso a crédito.

2.- Desalojo llamado notarial (Ley Perú 30933-2019), que regula el procedimiento de desalojo con intervención notarial e incorpora también el arrendamiento para vivienda (DL Perú 1177-2015). (RPP, 2019) Esta norma aplica, para inquilinos que no hayan pagado dos meses de renta o contra quienes hayan terminado su contrato notarial protocolizado y no se retiren del bien; permite a los propietarios de un inmueble proceder al desalojo de un inquilino moroso, en un plazo de veinte a treinta días. Se podrá desalojar a los inquilinos deudores en solo semanas, puesto que un notario será el que verifique el incumplimiento de los pagos de alquiler (que serán bancarizados) para luego comunicar el desalojo a un juez local. El titular del inmueble remite una carta notarial al inquilino para el desalojo del bien y, en caso no se retire, se recurre a un notario del distrito donde se ubica el predio acompañando el contrato de arrendamiento, título de propiedad, documentos de identidad, entre otros. El notario enviará mediante acta protocolizada su verificación al Juez de Paz Letrado del distrito donde se ubica el predio. Si al vencimiento del plazo establecido, no se acredita la cancelación o el pago por alquiler, el juez debe ordenar el desalojo en quince días hábiles, con apoyo de la fuerza pública; el demandado, en el caso de ser vencido tendrá que pagar los honorarios de un abogado, así como las costas y costos del proceso. Cumpliendo el principio de la pluralidad de instancia se pueden presentar acciones, la resolución judicial es impugnable, pero sin efecto suspensivo, es decir, que se deberá cumplir el desalojo. (Laley, 2019)

Se debe tener en cuenta que, en los procesos de desalojo, no procede: a) Interponer reconvención o contrademanda. b) La variación y/o ampliación de la demanda. c) El ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos. d) La invocación de hechos nuevos. e) Ofrecimientos de medios probatorios en segunda instancia, entre otros. (Art 559 CCP) (UPLA, 2016)

IV.-EL DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO
El proceso de desalojo por vencimiento de contrato, es una acción personal, que tiene como pretensión, recuperar o restablecer el derecho real de posesión de un bien, en esta causal no es necesario que el juez declare derecho o causa del litigio, sino su solución, puesto que está ya pactado expresamente en el contrato. En ese sentido, significa el quiebre de la relación contractual entre el arrendatario y el arrendador, quienes estuvieron jurídicamente relacionados en base a un contrato de arrendamiento sujeto a un plazo determinado. Al no cumplir el arrendatario la prestación de devolución del bien arrendado en la fecha prevista, el arrendador debe exigir se le restituya la posesión correspondiente, iniciándose el proceso. (Chávez Marmanillo, 2008)

El desalojo por vencimiento de contrato, se dispone en el Perú, en el momento que finaliza, termina o fenece el contrato de arrendamiento. En su presentación, posee un factor temporal y momentáneo evidente, de forma que, si al tiempo del vencimiento contractual, el ocupante o arrendatario no devuelve el bien, el arrendador tiene el derecho de exigir su devolución mediante un proceso judicial. (abogadosinmobiliarios, 2019)

El desalojo por vencimiento de contrato, tiene como base la existencia de un contrato a plazo determinado, el cual, a la fecha de inicio del proceso de desalojo, debe encontrarse vencido. En ese sentido, para que prospere la acción es necesaria la existencia de presupuestos procesales: a) Que el actor acredite ser titular de dominio del bien inmueble cuya desocupación solicita; b) Que se acredite el vencimiento de relación contractual entre el demandante y el demandado o emplazado. Normativamente, si el desalojo se sustenta en la causal de falta de pago o vencimiento del plazo, sólo es admisible: a.- el documento (contrato) finalizado o concluido a la fecha de inicio del proceso; b.- la declaración de parte (demanda) y; c.- la pericia y/o título de propiedad o de posesión. Es decir, no es necesaria la carta notarial requiriendo la entrega del bien, puesto que, si se presenta la carta notarial, procede ya un proceso por ocupación precaria. Es responsabilidad de los abogados, como dice Limo Sánchez, delimitar correctamente la demanda, según causal y cumplir los requisitos de ley, con el objeto de prevenir rechazos o improcedencias y contribuir con ello a la celeridad de los procesos. (Artículo 591 CPCP) (Legis, 2017) (Legis, 2018)

Según lo indicado en el artículo 1700 y siguientes del CCP, vencido el plazo del contrato, el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, hasta que el arrendador solicite su devolución, lo cual puede requerir en cualquier momento y más aún, a la fecha de vencimiento del contrato. Como mencionamos, el artículo 585 CPCP dispone que la restitución de un predio se tramita de acuerdo a lo definido para el proceso sumarísimo y los requisitos que el propio código establece. El objeto del proceso, es conseguir la restitución del bien, es decir, implica su devolución a quien lo poseía. (Pinto Arce, 2011)

El proceso de desalojo por vencimiento de contrato se inaugura con la demanda, debidamente sustentada con el contrato de arrendamiento, la notificación al demandado con la demanda y anexos, la contradicción del demandado, la audiencia y el pronunciamiento del juez. Este proceso debe resolverse finalmente en la Audiencia única, requisito cardinal en el cual se realizan los actos procesales siguientes: declaración de saneamiento del proceso, propuesta de conciliación consensuada ante el magistrado, admisión y actuación de los medios probatorios ofrecidos por las partes y finalmente la sentencia. (Chávez Marmanillo, 2008)

-Quienes pueden interponer la demanda

1.- El propietario, que es la persona física o jurídica que posee derecho de dominio sobre una cosa, especialmente sobre bienes inmuebles, frente al inquilino, el dueño de la cosa alquilada. 2.- El arrendador o locador, es decir, aquel que concede el uso o goce del bien. 3.- El administrador o persona natural o jurídica que administra sus propios bienes o los ajenos. 4.-Aquella persona que considere poseer derecho a la restitución, salvo que el actual poseedor haya interpuesto interdicto. (Art 586 CPCP) En contraste, pueden ser demandados, el arrendatario, el precario, y cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución del bien. (UPLA, 2016)

- Juez competente en el proceso
1. Es competente, en el desalojo, el juez del domicilio o residencia del demandado y el juez de la localidad donde se encuentre el bien, a iniciativa del demandante. (Art 24 CPCP Inc. 1) (Pinto Arce, 2011)

2. En cuanto a la competencia por razón de la cuantía: a) Cuando la renta mensual sea hasta cincuenta unidades de referencia procesal, son competentes los jueces de paz letrado. b) Cuando la renta mensual es mayor a 50 unidades de referencia procesal o no exista cuantía, son competentes los jueces civiles. Uno de los casos donde no hay cuantía es en la ocupación precaria, la cual se produce cuando el arrendatario con contrato vencido, es requerido por el arrendador mediante carta notarial, en ese caso, la competencia para conocer este tipo de procesos se traslada a los juzgados especializados civiles, es decir, sale de la esfera de los juzgados de paz letrados. (art 547 CPCP) (Legis, 2018)

-El desalojo antes del vencimiento del plazo para restituir el bien.

Es posible presentar una demanda anticipada o iniciar el proceso de desalojo antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. De ampararse la demanda, el lanzamiento solo puede ejecutarse luego de seis días de vencido el plazo. Si el demandado se allana a la demanda, y al vencimiento del plazo, pusiera el bien a disposición del demandante, este debe pagar las costas y costos del proceso (art 594 CPCP).

Se permite la interposición de la demanda de desalojo antes de vencimiento del plazo para restituir el bien, en los supuestos de contratos de arrendamiento de inmueble con firma legalizada que comprendan una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario (art. 594 CPCP). Las causales son por conclusión o finalización de contrato o resolución del mismo por falta de pago:
“(…) En los contratos de arrendamiento de inmuebles, con firmas legalizadas ante notario público o juez de paz… que contengan una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, para la restitución del bien por conclusión del contrato o por resolución del mismo, por falta de pago conforme a lo establecido (…) el Juez notifica la demanda al arrendatario para que, dentro del plazo de seis días, acredite la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación del alquiler adeudado. Vencido el plazo establecido sin que se acredite lo señalado en el párrafo anterior, el Juez ordena el lanzamiento en quince días hábiles…Es competente para conocer la solicitud de restitución del inmueble, en contratos con cláusulas de allanamiento, el Juez del lugar donde se encuentra el bien, materia del contrato (...)” (art. 594 CPCP) (Cárdenas Manrique, 2017)

-Notificación de la demanda

Además de la ubicación domiciliaria señalada en la demanda, esta debe ser enviada y notificada en el inmueble motivo de la petición, si fuese diferente. Si el bien inmueble no presenta numeración identificable o visible, el notificador debe inquirir a los vecinos y redactar un acta sobre lo ocurrido (art 589 CPCP).

-Pago de mejoras
El poseedor puede demandar el pago de mejoras siguiendo el trámite del proceso sumarísimo. Si el demandado afirma haber realizado edificaciones o modificaciones sobre el predio materia de desalojo (sea de buena o mala fe), no justifica que se declare la improcedencia de la demanda, sino que dichos derechos deben reclamarse en otro proceso. Lo único que debe verificarse es si el demandante tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que invoca. En ese sentido, este proceso no es acumulable al de desalojo (art 595 CPCP). La Corte Suprema peruana sobre el pago de las mejoras, ha reiterado en varias ocasiones, que en estos casos el poseedor tiene libre y expedito su derecho para hacerlo valer con arreglo a ley en otro proceso. (Casación Perú, 859-2014) (Casación Perú Ucayali 2195, 2011)

-Ejecución anticipada, lanzamiento antes de que se dicte la sentencia
En los procesos de desalojo por vencimiento del plazo de contrato o por otro título que obligue la entrega, procede la ejecución anticipada de la futura decisión final, cuando el demandante acredite indubitablemente el derecho a la restitución pretendida y el abandono del bien (art 679 CPCP), por la necesidad impostergable del que la pide, por la firmeza de la demanda y/o por la consistencia de la prueba aportada (art. 674 CPCP). (Fuentes Morán, 2017)

-Lanzamiento o desahucio[2]
Se ordenará a pedido de parte, luego de seis días de notificado el decreto que declara consentida la sentencia o lo que ordena se cumpla lo ejecutoriado. (Art 592ºCPCP). Consentida o ejecutoriada la sentencia que declara fundada la demanda, el lanzamiento se ejecutará contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación. Se entiende efectuado el lanzamiento, solo cuando se hace entrega del bien al demandante en su integridad y totalmente desocupado. Si dentro de los dos meses siguientes al lanzamiento se acredita que el vencido a vuelto a ingresar al predio, el vencedor puede solicitar un nuevo lanzamiento (art. 593 del CPCP).

V.- NORMATIVA DE DESALOJO Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

En América Latina, según la corte Interamericana de Derechos Humanos y el Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), la ilegalidad de la propiedad y de la posesión, y los frecuentes desalojos, son una derivación de las carencias de regulación y de la sobre regulación normativa, así como de las vulneraciones de los derechos a la propiedad y a la vivienda. Los modelos de desarrollo, han fracasado en la solución de esta problemática, debido a que los gobiernos no han orientado su atención a los deberes y reclamaciones de los residentes informales, en adecuada correspondencia con el respeto de los derechos de los formales. Las dificultades de los procesos de posesiones informales, son numerosos: déficit de servicios básicos y de infraestructura, construcción ilegal, riesgo ambiental y de salud, inseguridad en la propiedad y posesión, peligro de desalojos, entre otros. Todas estas circunstancias transgreden el derecho a una vivienda digna, por la falta de respeto de sus condiciones mínimas. La ausencia de títulos de propiedad y la consiguiente inseguridad en la posesión, además de manifestar un constante peligro de desalojo de sus lugares de residencia, obstaculiza o detiene el suministro de servicios, además, de la falta de acceso a créditos, facilidades de pago y subsidios, generando un círculo vicioso muy difícil de resolver y que no permite la debida ordenación y respeto irrestricto a la propiedad, como debería ser según el mandato constitucional. (ONU, 2019) (COHRE, 2010)

Por otro lado, el alto crecimiento poblacional, en combinación con las deficiencias legales, han multiplicado los casos de falta de ordenamiento y respeto de la propiedad y de la posesión. En ese marco, se establece un gran aumento de las demandas de desalojo en el sistema judicial, generando sobrecarga procesal; y en la población, la generalizada incertidumbre frente a la falta de seguridad jurídica de la propiedad privada y pública. La necesaria mejora y perfeccionamiento del proceso de desalojo, es también una buena manera de mejorar la confianza y la seguridad jurídica general de las sociedades. (Burgos, 2006)

En la circunstancia normativa actual, bajo la necesidad de acelerar los plazos y solucionar los constantes procesos judiciales, en varios países se modifica el tratamiento y trámite del proceso de desalojo como proceso breve o sumarísimo y se adiciona las características de un título ejecutivo en el caso de fecha cierta de las firmas legalizadas, lo cual significa una gran mejora en la tramitación y en los plazos del proceso. (Chávez Marmanillo, 2008) Por otro lado, en el caso peruano, sobre la necesidad de presentar un acta de conciliación previa en los casos de desalojo, “el Acta de Conciliación Extrajudicial no es exigible en el proceso de desalojo regulado en el artículo 594 del Código Procesal Civil, en tanto se trata de un proceso especial y rápido. Asimismo, tampoco proceden las excepciones y defensas previas planteadas por la parte demandada, por lo que el Juez debe declarar de plano su improcedencia”. (Cuarto Pleno Jurisdiccional Chiclayo 2017) Es pertinente, según este acuerdo, el concepto y significación de conciliación, puesto que se conviene a ella para solucionar un conflicto y en este caso ese conflicto no existe, en razón que las partes (arrendatario y arrendador) ya se han allanado mediante una cláusula a la futura demanda o en el caso del desalojo llamado notarial, al proceso correspondiente, por lo que sería innecesario y gravoso exigir la conciliación. (Cárdenas Manrique, 2017)

En los países de la región, como también en el Perú, con mayor o menor eficacia, las normas de desalojo están establecidas y constituidas, no obstante, para su cumplimiento efectivo, según el proceso brevemente revisado; es necesario que se determine en primer término, que previamente a organizar el pago de los reembolsos por mantenimiento, servicios, daños, costos y costas u otros, sea ineludible, activar la restitución o devolución efectiva del bien, cumpliendo las exigencias de ley, y sólo posteriormente establecer los pagos respectivos.

En segundo lugar, los jueces deberán cumplir plazos de ejecución limitados, para que los señalados pretextos de carga procesal o reducida logística, que con frecuencia se invocan en todos los países, no ocasionen que la misma motivación de la ley se convierta en una restricción más, en la conocida demora institucional del poder judicial.


Es importante, definir el derecho de defensa y precisar la discrecionalidad jurisdiccional principista, la cual, en este caso; no es objetivamente fundamental, y aunque el recurso de apelación en la norma peruana, como en otras de la región, no tenga efecto suspensivo de la resolución; en la práctica, para que el desalojo, en la modalidad que fuese, sea realmente efectivo y consecuentemente útil, debe ejecutarse sin vaguedades y ambigüedades, en las condiciones y plazos previstos.

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VI.- CONCLUSIONES
- El proceso de desalojo, es una acción judicial que tiene como objeto recuperar el derecho real de posesión, al no cumplir el arrendatario la devolución del bien arrendado, según un contrato de arrendamiento.

- Existen cuatro tipos de desalojo general: por falta de pago, por ocupación precaria, por vencimiento de contrato y por cláusulas específicas, según norma de cada país.

- En varios países de la región, se modifica normativamente el tratamiento del proceso de desalojo, como proceso breve o sumarísimo, con características de título ejecutivo, lo cual, si se cumple con rigor, significa una mejora en los plazos y efectos del proceso.




 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS


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BCN Chile. (26 de junio de 2019). Biblioteca Congreso Chile. Obtenido de leychile.cl: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986&idParte=8717776#19620
Burgos, G. (enero-julio de 2006). Revista de economía Internacional. Recuperado el 16 de octubre de 2016, de http://www.economiainstitucional.com
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[1] Conjuntos de elementos, relaciones, condiciones y criterios, reunidos en torno a un elemento jurídico importante, central y autónomo que los unifica. (Teoría del derecho, 2007)

[2] Lanzamiento o desahucio son términos usuales y de similar significado en varios países, en España existe una sutil diferencia cuando se menciona desahucio, para casos de desalojo por arrendamiento y lanzamiento, para casos hipotecarios. (laopiniondemalaga, 2015)